Concursal, recuperación judicial y extrajudicial

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En términos legales, bancarrota es el nombre de la organización jurídica y procesal destinada a defender a quienes no pueden recibir sus créditos. Es un proceso de ejecución colectiva del patrimonio del deudor, decretado judicialmente, en el que todos los acreedores, que buscan en el patrimonio disponible, pagan el pasivo en prorrateo, observando las preferencias legales.

Popularmente, interpretamos la quiebra como la condición de quienes no tienen a su disposición una cantidad suficiente, realizable para saldar sus deudas.

Ley específica

La institución concursal cuenta con una ley específica, número 11.101, del 9 de febrero de 2005, conocida popularmente como Ley Concursal (LF). Aborda la recuperación judicial, extrajudicial y concursal del empresario y la empresa. La composición de la quiebra dejó de practicarse después de la publicación de esta ley.

Presentación de quiebra

Cualquier acreedor puede solicitar la quiebra mercantil del deudor. No es necesario ser comerciante para realizar un pedido, un civil puede hacerlo. En el ámbito pasivo, la ley concursal brasileña solo afecta a los comerciantes, a diferencia de otros países, como Alemania, Suiza, Austria y Estados Unidos, donde el deudor civil puede ir a la quiebra.

Un comerciante, para poder declararse en concurso de acreedores de otra persona, deberá acreditar que tiene firma registrada, o contrato social registrado en la junta comercial correspondiente.

El título neto y cierto que sustente la quiebra, debidamente reclamado, deberá corresponder a alguno de los previstos en los artículos 584 y 585 del código de procedimiento civil, así como a otros previstos en leyes especiales, como la sentencia sentenciada en el proc. acciones civiles, formales, letra de cambio, pagaré, duplicado, debenture, cheque, etc.

También es título ejecutivo la obligación probada a cuenta extraída de los libros comerciales y verificada en los tribunales (artículo 1, párrafo 1 de la LF), así como el duplicado sin aceptación, acompañado del comprobante de entrega de la mercadería (artículo 1 párrafo 3 de la LF).

Efectos

La decisión concursal coloca al concursal y sus acreedores en el denominado régimen legal concursal. A partir de su edición, la persona, los bienes, los actos jurídicos y los acreedores del empresario en quiebra se encuentran sometidos a un régimen jurídico específico, en el que el deudor es apartado de sus actividades.

Entre los diversos efectos de la sentencia que decreta la quiebra, tenemos la formación de quiebra subjetiva, suspensión de acciones individuales, suspensión condicional de los flujos de intereses, pago anticipado de créditos contra el deudor, socios ilimitadamente responsables y administradores solidarios, suspensión de prescripción y cobro. activos del deudor.

el empresario individual en quiebra y los socios ilimitadamente responsables pierden la gestión y disponibilidad de sus activos. Además, quedan temporalmente inhabilitados para el ejercicio de la actividad empresarial, condición que perdura hasta la terminación de sus obligaciones.

Obligaciones personales del quebrado

Cuando se declara la quiebra, los activos del deudor serán recaudados y entregados a las masas. En el caso de una sociedad, irá a la quiebra, no sus socios.

Sin embargo, en el caso de socios solidarios e ilimitadamente responsables, por ejemplo, también se pueden recaudar los activos privados de ciertos socios. El patrimonio de los cotizantes, administradores y accionistas de responsabilidad limitada se alcanza por responsabilidad penal, ya que la ley concursal equipara a la condición de deudor o quiebra de los socios, gerentes, administradores y consejeros con fines delictivos.

El socio que se retiró de la empresa hace menos de dos años podrá ver alcanzado su patrimonio, en el caso de deudas existentes a la fecha de presentación de la modificación del contrato, o si la presentación es posterior a la presentación del proceso concursal.

O administrador judicial

El administrador judicial es una figura central tanto en la recuperación judicial como en la quiebra. Debe contribuir al desarrollo positivo de la recuperación judicial o concursal, según el caso concreto. El administrador busca mantener activa la actividad económica de la empresa en los casos en que conduzca a la recuperación, o en caso de quiebra, dirigir el proceso para minimizar los efectos negativos que puede traer la extinción de una actividad empresarial. El administrador judicial es una figura a la que se le ocurrió la nueva ley concursal, en sustitución de la del liquidador.

El ejercicio de esta administración requiere de la competencia del profesional designado, considerando la delicada situación por la que atraviesa la empresa. La continuidad de la actividad económica depende de una impecable administración con el apoyo de un equipo multidisciplinar. Debe ser un profesional idóneo, preferentemente abogado, economista, administrador de empresas o contador, o persona jurídica especializada.

Al liderar el plan de saneamiento judicial, el administrador debe priorizar la fiscalización de las actividades del deudor y el respectivo cumplimiento del plan de saneamiento judicial. En caso de incumplimiento efectivo de las obligaciones asumidas en el plan de saneamiento judicial, deberá declararse en concurso de acreedores. Si sus cuentas no son aprobadas por el juez, el administrador ya no tiene derecho a la remuneración debida.

Juicio competente

Según el artículo 3 de la LF, el tribunal de la ubicación del establecimiento principal del deudor o de una subsidiaria de una empresa con sede fuera de España tiene la facultad de ratificar el plan de recuperación extrajudicial, diferir la recuperación judicial o declararse en quiebra.

Sin embargo, la definición de la ubicación del establecimiento principal es objeto de controversia entre los operadores legales. Una primera corriente entiende que el establecimiento principal es la sede estatutaria o contractual, es decir, la sede definida en el contrato o en los estatutos. El segundo cargo sostiene que es la sede administrativa, donde se lleva a cabo la administración de la actividad comercial. La cadena mayoritaria, sin embargo, define el establecimiento principal como el que tiene el mayor complejo de bienes.

Convenido

El concordato es el acto procesal por el cual el comerciante deudor propone ante los tribunales una mejor forma de pago a sus acreedores para evitar o suspender la quiebra. La quiebra fue extinguida por la nueva Ley Concursal, promulgada en 2005 y sustituida por la recuperación judicial o extrajudicial.

La presentación de la quiebra sirvió al comerciante que, en dificultades económicas, quiso evitar una posible quiebra y solicitó al juez que le concediera una quiebra preventiva, lo que otorgó al interesado una prórroga de hasta dos años para saldar sus deudas. Durante el proceso, el titular continuó administrando sus activos y su negocio.

La quiebra trajo ventajas para el deudor, al permitirle permanecer a cargo de su negocio o volver a él. Los acreedores dieron la posibilidad de recibir más de lo que ganaban en la quiebra, preservando una potencial empresa generadora de riqueza y empleo.

Recuperación judicial

La recuperación judicial busca posibilitar la superación de la crisis económica del deudor, permitiendo el mantenimiento de la fuente productiva, el empleo de los trabajadores y los intereses de los acreedores, promoviendo el estímulo a la actividad económica.

Requisitos

La persona afectada debe mantener regularmente sus actividades durante más de dos años, además de cumplir con los siguientes requisitos, de manera acumulativa:

  1. no haber fallado; en el caso de concurso de acreedores, siempre que se declare extinguido el pasivo resultante, mediante sentencia firme;
  2. no haber obtenido una concesión de reorganización judicial hace menos de cinco años;
  3. no han obtenido reorganización judicial en base al plan especial por menos de ocho años,
  4. no haber sido condenado o no tener como administrador o socio controlador a una persona condenada por los delitos previstos en la ley concursal;

Todos los créditos existentes a la fecha de la solicitud se incluyen en la recuperación judicial, aunque no estén vencidos.

El plan de recuperación será presentado por el deudor dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de la resolución de concesión de la tramitación de la recuperación judicial.

La decisión de concesión de la reorganización judicial constituirá una orden judicial de ejecución. El deudor permanecerá en recuperación judicial hasta que cumpla con todas las obligaciones previstas en el plan, cuya vigencia es de dos años desde la concesión. Durante este período, en caso de incumplimiento de alguna obligación prevista en el plan, se cancela la recuperación.

Las micro y pequeñas empresas pueden presentar un plan especial de reorganización judicial, siempre que expresen su intención en la petición inicial. La solicitud de un plan especial no implica la suspensión del plazo de prescripción ni de acciones y ejecuciones por créditos no cubiertos.

Quiebra en reorganización judicial

El juez se declarará en concurso de acreedores durante el proceso en los casos de:

  1. resolución de la junta general de acreedores;
  2. omisión de un plan de recuperación por parte del deudor;
  3. rechazo del plan de recuperación;
  4. falta de presentación de certificados;
  5. decisión de desestimar la solicitud de reorganización judicial;
  6. incumplimiento de cualquier obligación asumida en el plan de recuperación.

Cuando la recuperación evoluciona hacia la quiebra, se presumen válidos los actos de administración, endeudamiento, gravamen o enajenación practicados durante la recuperación judicial, siempre que se realicen de conformidad con la ley.

Recuperación extrajudicial

La recuperación extrajudicial tiene lugar fuera del poder judicial. Con él, el empresario puede negociar directamente con sus acreedores y elaborar un convenio que puede o no ser ratificado por el juez. Es importante mencionar que el convenio no puede incluir a titulares de créditos fiscales, derivados de la legislación laboral o derivados de accidentes laborales. El plan no puede incluir el pago anticipado de deudas o el trato desfavorable a los acreedores. Una vez realizado el acuerdo (que debe ser aprobado por 3/5 de los acreedores), su cumplimiento es obligatorio para todas las partes.

La ventaja de la recuperación extrajudicial es que implica un procedimiento mucho más rápido y económicamente más atractivo que la recuperación judicial. Es más conveniente para pequeñas, medianas y grandes empresas y acreedores privados, como instituciones financieras, proveedores y otros. La recuperación extrajudicial no necesita unanimidad entre los acreedores y los gastos son menores. Es una solución menos burocrática y más rápida.

Bibliografía:
COSTA DE FREITAS, Pedro Thiago. Efectos de la sentencia concursal sobre las personas concursadas y los socios. Disponible en:

COSTA JÚNIOR, Dijosete Veríssimo da. Aspectos relevantes de la quiebra preventiva y suspensiva. Disponible en: .

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