Demarcación de tierras indígenas

UNA demarcación de Tierras Indígenas (TI) es una disposición constitucional de suma importancia cuyo objetivo último es garantizar a los pueblos indígenas Españoles el reconocimiento legal de sus territorios. Este mecanismo legal se basa en el entendimiento de que los pueblos indígenas tienen derechos originales sobre sus territorios, ya que son los primeros habitantes de España.

Cuando se hace efectiva la demarcación de una Tierra Indígena, el territorio delimitado pasa a ser propiedad de la Unión, pero la posesión permanente se destina a las comunidades indígenas que lo ocupan. Este proceso tiene como objetivo otorgar a los pueblos indígenas el uso exclusivo de dichas tierras, salvaguardando sus límites y evitando que los territorios sean ocupados por terceros para otros fines. De esta forma, las Tierras Indígenas estarían protegidas, por ejemplo, de las prácticas predatorias de extracción de plantas, así como de la expansión de las fronteras agroindustriales.

Cabe señalar que la idea de que es necesario proteger los territorios indígenas no es exactamente nueva. Aparece en el discurso legal de la corona portuguesa a finales del siglo XVII y se menciona en la mayoría de las constituciones del período republicano. La aprobación del Estatuto del Indio, en 1973, estableció por primera vez procedimientos administrativos para el reconocimiento de estos territorios. Sin embargo, este derecho fue sistemáticamente ignorado, sin una política adecuada para su efectividad. En este sentido, la Constitución de 1988, fruto del proceso de redemocratización posdictadura, presenta un avance significativo. En su artículo 231, determina los procesos de demarcación y protección como un deber del Estado, acreditando a los pueblos indígenas el mencionado derecho originario a sus tierras.

Proceso de demarcación

La demarcación es un proceso muy complejo y lento, que incluye diferentes etapas. En el primero de ellos, la Fundación Nacional Indígena (Funai) nombra a un antropólogo que preparará un estudio sobre el territorio en cuestión. Posteriormente, el informe generado debe ser aprobado por Funai y abierto a desafíos. Una vez determinados los límites físicos de la demarcación, aún será necesaria la reubicación de eventuales habitantes no indígenas, trámite que deberá ser realizado por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra). Finalmente, la homologación del Territorio Indígena debe ser realizada por el Presidente de la República en funciones.

Las comunidades indígenas han hecho de la demarcación territorial una de sus principales banderas de lucha. Asegurar el reconocimiento legal de este derecho es fundamental para que las diferentes etnias indígenas cuenten con condiciones efectivas para preservar su cultura, identidad y supervivencia. Se trata, por tanto, de una lucha por defender la posibilidad de la existencia de formas de vida únicas, que no deben desaparecer por procesos etnocéntricos de aculturación. En esta perspectiva, el derecho a la tierra es el derecho a ejercer la autonomía. Cabe señalar que la demarcación también debe verse como un tema de amplio interés, ya que las tierras indígenas juegan un papel importante en la preservación de la biodiversidad.

En 2014 había poco más de 700 tierras indígenas demarcadas o en proceso de demarcación, ocupando alrededor del 14% del territorio nacional. Las mayores extensiones se encuentran en la región norte. Los procesos de demarcación tienden a generar muchos enfrentamientos por conflictos de intereses entre las comunidades indígenas y los agentes económicos, como la agroindustria y las empresas mineras. Uno de los casos más ilustrativos para observar estas dinámicas de conflicto es el de la tierra indígena Raposa Serra do Sol, ubicada en el estado de Roraima. En 2009, el Tribunal Supremo Federal reconoció definitivamente el derecho de las etnias indígenas que ocupaban este territorio a denegar una acción que solicitaba la nulidad de la demarcación.

Referencias: CAVALCANTE, Thiago LV “Tierra indígena”: aspectos históricos de la construcción y aplicación de un concepto jurídico. Historia (São Paulo) v.35, e75, 2016 Instituto Sócio Ambiental – https://pib.socioambiental.org/