Persecución política

Se llama persecución política el acto deliberado de un estado o gobierno para perseguir a grupos o individuos que se oponen al régimen en el poder. Sus manifestaciones y formas divergen, pero generalmente ocurren como violaciones a los derechos humanos, abuso de la privacidad de individuos y organizaciones, violencia del aparato policial y acusación de derechos políticos. A medida que se intensifica el autoritarismo del régimen en cuestión, la persecución política puede llegar a extremos en el uso de prácticas de tortura y el asesinato de disidentes políticos. Además, en algunos casos, la persecución no es solo contra los oponentes de un régimen, sino que se extiende incluso a la población en general.

Si bien la persecución política se caracteriza por ser ejercida por gobiernos o instituciones del aparato estatal que tienen poder real para aplicar sanciones y castigos, la escalada autoritaria de un régimen político no ocurre en el limbo. Para que se establezca un sistema de persecución sistemática, debe haber una fracción social en la sociedad que apoye y defienda estas prácticas. Por tanto, no hay forma de separar la persecución política real del contexto en el que operan estos gobiernos y estados, contexto formado también por las instituciones mediáticas, por la capacidad de actuación de un poder judicial autónomo y por las demás instituciones que conforman la sociedad.

En los casos en que la persecución es autorizada y sistematizada por el Estado, podemos tener ejemplos típicos de terrorismo de Estado, genocidio o crímenes de lesa humanidad. Estos representan rasgos modelo de gobiernos que han perdido todo compromiso con la democracia y que, en consecuencia, pasan a ser considerados dictaduras o estados totalitarios. Sin embargo, los actos de persecución pueden ser llevados a cabo no solo por organismos oficiales, sino también por la policía secreta, organizaciones paramilitares o escuadrones de la muerte.

Pero no son solo los gobiernos abiertamente autoritarios y dictatoriales los que violan las libertades políticas de sus ciudadanos. Con los cambios de gobierno comunes a las democracias funcionales, no es raro que los nuevos grupos políticos que toman el poder persigan a los funcionarios o cuadros de gobierno restantes que no cumplen con los lineamientos y lineamientos de los nuevos representantes. Pero hay ejemplos aún más enfáticos: en 2013, el ex empleado de la Agencia Central de Información de los Estados Unidos (CIA), Edward Snowden, filtró documentos a los que tuvo acceso que denunciaban un esquema ilegal de vigilancia y espionaje global establecido. por el gobierno de los Estados Unidos. Desde entonces, ha sido perseguido por las autoridades de Estados Unidos y se encuentra bajo asilo político en Rusia.

El expediente del asilo político es, por cierto, un instrumento legal creado precisamente para proteger a los extranjeros que se encuentran bajo persecución política en sus países. De esta forma, la víctima de persecución solicita refugio a otra nación soberana ya que, en su país de origen, las condiciones políticas no permiten una defensa justa y dentro de marcos legales elementales. Sin embargo, el asilo político no debe confundirse con la condición de refugiado político. Mientras que el primero se otorga a personas que sufren persecución por las razones ya comentadas, el refugio se aplica a casos más generales y se otorga a un gran grupo de población. En todo caso, son dispositivos legales que intentan restituir a los individuos y grupos lo que una democracia nunca les podría haber quitado: el derecho fundamental a la libertad.

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Fuentes:

BOBBIO, Norberto. Diccionario de políticas. Españaia: Editora Universidade de Brasília, 1998;

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/asilo-no-España